Wallmapu bajo fuego
Edición especial
Wallmapu bajo fuego: radiografía de la criminalización del Pueblo Mapuche entre Chile y Argentina
El 2 de junio de 2026, los comuneros mapuche recluidos en el módulo E de la Cárcel de Angol emitieron un comunicado que estremece. “Minutos después del desayuno, sin mediar provocación, funcionarios de alto rango de Gendarmería ingresaron violentamente al módulo para realizar un allanamiento selectivo contra los voceros del recinto. El objetivo principal fue el peñi Nicolás Ángel Marillán, vocero del módulo, quien fue arrancado de sus compañeros, esposado, humillado y trasladado a una celda de castigo con el piso mojado, en total incomunicación.”
Según los presos, esta represalia calculada es una consecuencia directa de la visita del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ocurrida solo dos días antes. Alzar la voz y denunciar la realidad del encierro ante un organismo de derechos humanos, sostienen, se paga con violencia institucional y aislamiento.
El caso de Angol no es un hecho aislado, sino un eslabón más de un patrón sistemático de persecución penal, lawfare, montajes policiales y represión estatal contra el Pueblo Mapuche, que atraviesa la cordillera y se manifiesta con particular crudeza tanto en Chile como en Argentina.
Chile: una justicia que encarcela con pruebas falsas y denuncias castigadas
La situación en el país del wallmapu austral es especialmente grave, hasta el punto de que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han presentado casos ante la Corte Internacional de Derechos Humanos por violaciones al debido proceso contra mapuches. Según cifras de la Defensoría Penal Pública, actualmente uno de cada tres imputados con prisión preventiva en la región de la Araucanía es mapuche. La lista de presos políticos mapuche actualizada a septiembre de 2025 contiene decenas de nombres que cumplen condenas en cárceles como las de Angol, Temuco y Concepción.
El caso más emblemático de lawfare contra el Pueblo Mapuche en Chile fue la denominada Operación Huracán, un montaje policial destapado recién en 2026. En enero de ese año, un tribunal chileno declaró culpables a cuatro ex-oficiales de la Unidad de Inteligencia de Carabineros y a un civil por la presentación de pruebas falsas en 2017 contra ocho comuneros mapuche. Según la investigación, los teléfonos móviles incautados a los mapuche fueron manipulados después de su captura, y los supuestos mensajes incriminatorios que demostraban su pertenencia a organizaciones de resistencia eran totalmente falsos. La justicia chilena estableció que todo fue una farsa fabricada para hacer creer que los comuneros pertenecían a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y Weichan Auka Mapu (WAM).
Dos años antes, en abril de 2024, los presos mapuche de la cárcel de Angol ya habían denunciado un allanamiento similar al ocurrido en junio de 2026: un operativo encabezado por capitanes y tenientes que irrumpió en el módulo mapuche a primera hora de la mañana, destruyó trabajos de artesanía, desarmó televisores, arrojó la comida preparada al suelo y empapó las pertenencias de los internos con agua de los baños.
Argentina: cuando el fantasma del “terrorismo mapuche” justifica la prisión preventiva
Al otro lado de la cordillera, el patrón de criminalización es asombrosamente similar. El Caso Santiago Maldonado, el artesano desaparecido el 1 de agosto de 2017 tras una represión de Gendarmería a la comunidad mapuche en Chubut, se ha convertido en el símbolo de la violencia estatal contra el Pueblo Mapuche en Argentina. Su cuerpo apareció sin vida 78 días después en el río Chubut, en un contexto que un equipo de expertos independientes no descartó como una desaparición forzada seguida de muerte.
El hermano de Santiago, Sergio Maldonado, ha denunciado la “deshumanización” de su familiar y la persecución sistemática de su familia durante la búsqueda de la verdad.
El caso del joven Rafael Nahuel, asesinado en 2017 en Bariloche por prefectos navales durante un operativo contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, es otro hito del lawfare argentino. Tras un largo derrotero judicial, el Tribunal Oral Federal de General Roca ratificó que los uniformados cometieron “homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego, con exceso en la legítima defensa”. Sin embargo, la Cámara de Casación Penal anuló las penas y redujo las condenas. Los nueve años que han pasado sin justicia plena son un recordatorio de la persistencia de la impunidad estatal.
La violencia institucional argentina también se expresa a través del sistema judicial. En mayo de 2025, el Tribunal Federal de General Roca condenó a penas de hasta dos años y medio de prisión en suspenso a otros seis integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el segundo juicio colectivo que enfrenta la comunidad por recuperación territorial. La defensa denunció que fueron condenados sin pruebas, que los jueces tenían “la ideología del racismo” y que las sentencias “se redactan en otros lados”.
Facundo Jones Huala, el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), es la figura más visible de esta persecución. Extraditado desde Argentina a Chile en 2023 para cumplir una condena de seis años por incendio, se encuentra nuevamente detenido en Argentina desde junio de 2025, en prisión preventiva por apología del crimen.
A esto se suma Juan Pablo Colhuan Nahuel, detenido en Cushamen, Chubut, y trasladado al penal de máxima seguridad de Rawson en la unidad 6, donde permanece aislado con candado en su celda, sin acceso al baño, sin condiciones de higiene y en medio de una huelga de hambre.
Lawfare trasandino: la mentira como método de persecución
El lawfare —el uso de los sistemas judiciales con fines de persecución política— no es una práctica exclusiva de un país, sino una metodología que atraviesa la cordillera y comparte herramientas comunes.
En Chile, la Operación Huracán destapó a agentes del Estado fabricando pruebas digitales. En Argentina, fiscales como Oscar Oro admitieron que el tema de la inexistente organización terrorista RAM fue “inflado de manera adrede por el Gobierno nacional”. La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vinculó públicamente a dirigentes mapuche con el “terrorismo” e intentó instalar una supuesta red de tráfico de armas con la CAM chilena que jamás pudo ser probada.
El lawfare argentino también utiliza la figura de testigos protegidos para armar causas endebles. Un claro ejemplo es el caso Grollmus-Los Ríos en Chile (juzgado en 2026), donde la fiscalía recurrió a testimonios obtenidos mediante artimañas de su propio fiscal Danilo Ramos, hoy imputado por prevaricación.
Lawfare, montajes y prisión preventiva como mecanismo de silenciamiento
Al analizar ambos lados de la cordillera, surgen patrones claros y perturbadores:
· Resistencia = enemigo interno: La reivindicación territorial mapuche es redefinida como “terrorismo” o “asociación ilícita terrorista”.
· Pruebas de laboratorio: Tanto en Chile (Operación Huracán) como en Argentina (RAM), las acusaciones se construyen sobre pruebas falsas o testimonios comprados.
· Prisión preventiva como castigo: Decenas de mapuche en ambos países permanecen en prisión preventiva durante años antes del juicio.
· Represalias por denunciar: El comunicado de Angol de junio 2026 es la evidencia más reciente de que quienes alzan la voz ante organismos de derechos humanos son castigados con mayor violencia.
Conclusiones: un Pueblo criminalizado, dos Estados responsables
El comunicado de los presos mapuche de la cárcel de Angol nos enfrenta a una realidad difícil de eludir: ser mapuche y defender los derechos del Pueblo se ha convertido en un delito en Chile y Argentina. La evidencia presentada a lo largo de este artículo demuestra que no se trata de episodios aislados, sino de una estrategia de persecución sistemática que involucra a los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, que estigmatiza; el Legislativo, que no legisla sobre la autonomía; y el Judicial, que encarcela con pruebas falsas.
La operación Huracán, el asesinato de Rafael Nahuel, la desaparición de Santiago Maldonado, la extradición y prisión preventiva de Jones Huala, los allanamientos arbitrarios en Angol y las condenas sin pruebas en General Roca son todas expresiones del mismo fenómeno: la criminalización del Pueblo Mapuche.
Como señala el comunicado de los presos de Angol, cuando el Pueblo Mapuche reclama sus derechos, es “callado, perseguido y castigado”. Mientras el lawfare continúe siendo una herramienta legítima del poder para silenciar las demandas territoriales, la paz en el Wallmapu será una quimera.
Libertad a todos los presos políticos mapuche. “Amulepe taiñ weichan. Marrichiweu”.
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📌 Nota sobre las fuentes: Este artículo ha sido elaborado a partir de información pública, comunicados de prensa, informes de organizaciones de derechos humanos y cobertura periodística de medios nacionales e internacionales. Los comunicados de los presos mapuche de la cárcel de Angol, la condena judicial en la Operación Huracán, los fallos sobre el asesinato de Rafael Nahuel, las estadísticas de prisión preventiva de la Defensoría Penal Pública, los datos del listado de prisión política mapuche, las declaraciones de fiscales en Argentina y los informes de Amnistía Internacional y la
CIDH han sido las principales fuentes de esta investigación.
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